Obligan a las inmobiliarias a controlar lavado de dinero en compras mayores a $ 600 mil
30-01-12 00:00 Es lo que cuesta una propiedad de 50 metros cuadrados en Palermo o Barrio Norte. Las inmobiliarias deberán saber cuánto facturan sus clientes y chequear el origen de los fondos
La Unidad de Información Financiera (UIF) obligó a las inmobiliarias a pedir declaraciones juradas de ingresos a quienes efectúen compra o venta de inmuebles por un valor superior a los $ 600.000, unos u$s 137.000. Así consta en la resolución 16/2012, publicada el viernes en el Boletín Oficial.
La norma incluyó a los agentes y corredores inmobiliarios y a las sociedades que tengan por objeto la compraventa de inmuebles entre los sujetos obligados a informar a la UIF por operaciones sospechadas de encubrir lavado de activos o financiamiento al terrorismo.
Las inmobiliarias deberán llevar adelante una “política de Conozca a su cliente”, por la cual deberán recabar información referente a la identidad, estado civil y volumen de ingresos anual. Antes de comenzar una relación comercial con estas personas, la inmobiliaria deberá verificar que no estén incluidas en listados internacionales de terroristas y si son Personas Expuestas Políticamente (PEP), una categoría que incluye a políticos, dirigentes gremiales y empresariales y sus familiares.
Además, tendrán que trazar un “Perfil del Cliente” de aquellos que realicen operaciones anuales de $ 600.000 o más. Eso es lo que cuesta un departamento de 50 metros cuadrados en algunas zonas de Palermo o Barrio Norte, por ejemplo.
En estos casos, los sujetos obligados deberán requerir documentación “relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria” del cliente, según el artículo 19 de la resolución. Entre los documentos, la norma cita “declaraciones juradas de impuestos, copia autenticada de escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realizó la compra” y una certificación de un contador público que justifique el origen de los fondos.
Los agentes inmobiliarios también deberán efectuar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en los casos en los exista algún indicio de encubrimiento de lavado de activos. La UIF citó circunstancias varias, como cuando el cliente exhibe una inusual despreocupación respecto de los riesgos que asume, o las partes muestran despreocupación por las características de la propiedad.
La resolución es una de las decenas de normas que elaboró la UIF, al mando de José Sbattella, desde comienzos de 2011, para cumplir con las directivas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Según Sbattella, sólo falta incorporar a este sistema de control a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, debido a “la información que maneja en materia de fusiones empresarias”.
A mediados de 2011, el GAFI incluyó a la Argentina en el grupo de países con serias deficiencias en la política antilavado, o lista gris. Desde entonces, el país sancionó una norma antilavado y una controvertida ley antiterrorista. En febrero, el país se someterá a una nueva evaluación del GAFI.
La norma incluyó a los agentes y corredores inmobiliarios y a las sociedades que tengan por objeto la compraventa de inmuebles entre los sujetos obligados a informar a la UIF por operaciones sospechadas de encubrir lavado de activos o financiamiento al terrorismo.
Las inmobiliarias deberán llevar adelante una “política de Conozca a su cliente”, por la cual deberán recabar información referente a la identidad, estado civil y volumen de ingresos anual. Antes de comenzar una relación comercial con estas personas, la inmobiliaria deberá verificar que no estén incluidas en listados internacionales de terroristas y si son Personas Expuestas Políticamente (PEP), una categoría que incluye a políticos, dirigentes gremiales y empresariales y sus familiares.
Además, tendrán que trazar un “Perfil del Cliente” de aquellos que realicen operaciones anuales de $ 600.000 o más. Eso es lo que cuesta un departamento de 50 metros cuadrados en algunas zonas de Palermo o Barrio Norte, por ejemplo.
En estos casos, los sujetos obligados deberán requerir documentación “relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria” del cliente, según el artículo 19 de la resolución. Entre los documentos, la norma cita “declaraciones juradas de impuestos, copia autenticada de escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realizó la compra” y una certificación de un contador público que justifique el origen de los fondos.
Los agentes inmobiliarios también deberán efectuar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en los casos en los exista algún indicio de encubrimiento de lavado de activos. La UIF citó circunstancias varias, como cuando el cliente exhibe una inusual despreocupación respecto de los riesgos que asume, o las partes muestran despreocupación por las características de la propiedad.
La resolución es una de las decenas de normas que elaboró la UIF, al mando de José Sbattella, desde comienzos de 2011, para cumplir con las directivas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Según Sbattella, sólo falta incorporar a este sistema de control a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, debido a “la información que maneja en materia de fusiones empresarias”.
A mediados de 2011, el GAFI incluyó a la Argentina en el grupo de países con serias deficiencias en la política antilavado, o lista gris. Desde entonces, el país sancionó una norma antilavado y una controvertida ley antiterrorista. En febrero, el país se someterá a una nueva evaluación del GAFI.