Alquileres
Anteproyecto que genera polémica
Propietarios y representantes de entidades del sector inmobiliario no están de acuerdo con la norma que sepretende tratar en el Congreso
Propietarios y representantes de las instituciones ligadas al rubro de la construcción muestran su desagrado al proyecto de ley de locaciones urbanas presentado el 26 de diciembre último por los senadores nacionales de Tierra del Fuego, María Rosa Díaz y Osvaldo Ramón López Frente para la Victoria (FPV).
"Este anteproyecto es un disparate legislativo, ya que propone avanzar sobre el derecho de la propiedad de los dueños inmobiliarios. Se basa en uno presentado en 2009 por la ex senadora Teresita Quintela del FPV que fue rechazado porque no tuvo respaldo ni de su bloque ni del presidente del Senado. Ni siquiera se consideró porque era un dislate como éste", dijo el presidente del Servicio de Ofertas Múltiples y representante de la inmobiliaria homónima, Armando Pepe. Y agregó: "Esos senadores que presentan este tipo de anteproyectos quieren trascendencia pública, pantalla y aparición en los medios".
En 1945 se sancionaron las primeras leyes que congelaban los alquileres y prorrogaban los contratos. Esto generó menor inversión en la construcción de viviendas para alquilar y un déficit habitacional que se extiende hasta hoy, que se ubica en los 3.000.000. "En este sentido, hay una gran deuda del Estado, porque el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, consagra el derecho de todos los habitantes a acceder a una vivienda digna; pero eso no se logra metiéndoles la mano en los bolsillos a los propietarios. El Estado debe otorgar créditos blandos con tasas subsidiadas para la clase media o usar instrumentos como el leasing inmobiliario (ley 25.248/01) que facilita el acceso a la vivienda digna", expresó el presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, Enrique Abatti.
Según los especialistas, el mercado funciona perfectamente porque es de libre contratación y la ley de locación urbana actual funciona bien. Agregan que las veces que el Estado intervino en los alquileres se retrajeron la oferta y las inversiones por la baja rentabilidad. "Hoy las reglas jurídicas son claras y seguras, hay una mayor oferta locativa y se han amesetado los valores de alquileres. Este proyecto es nefasto, no respeta los principios jurídicos, constitucionales ni federales, la ley vigente 23.091/84 es sabia y el Estado debería reglamentar el capítulo de construcción de viviendas con destino de alquiler", comentó el presidente Cámara Inmobiliaria Argentina, Néstor Walenten.
Cambios drásticos
Algunas disposiciones del anteproyecto de ley señalan como plazo mínimo para los contratos de locación de inmuebles urbanos tres años; el precio del alquiler mensual no supera la suma que resulta de dividir por 180 el valor de reposición del inmueble; los honorarios no superarán el monto de un mes de alquiler; los propietarios o arrendadores deberán pagar las tasas, contribuciones e impuestos del inmueble y las expensas extraordinarias, y se prorroga automáticamente todos los contratos de alquiler en curso hasta por 18 al igual que se suspenden los desalojos con base en la finalización de dichos contratos por ese mismo tiempo.
"Se volverá en contra de los intereses que pretenden defender, es decir, de los inquilinos. El inversor inmobiliario es muy sensible y retraerá la oferta o se generará un mercado negro, porque el Estado intervendrá en la fijación de precios y creará tres organismos burocráticos que incentivan la corrupción y pagarán los ciudadanos: Dirección de Viviendas Alquiladas, Registro Público de Contratos de Alquiler y Registro Público de Inmuebles de Alquiler -dijo Abatti-. Si interviene el Estado en los contratos locativos celebrados entre particulares, interfiere en la autonomía de la voluntad de las partes del contrato regida por el artículo 1197 del Código Civil. Es una garantía consagrada el derecho de propiedad en el artículo 17 de la Constitución".
Los entrevistados concuerdan en que este proyecto adolece de graves vicios jurídicos y que "afecta la industria de la construcción, limita el derecho constitucional de comerciar, arremete contra el patrimonio de los ciudadanos, confisca los recursos de vida de quienes ahorraron en inmuebles para vivir de sus rentas, relega los derechos y patrimonios de unos, para supuestamente, beneficiar a otros y viola la garantía del Estado del artículo 6 de la ley 21.342", aportó el vicepresidente del Centro Argentina de Derecho Inmobiliario y Propiedad Horizontal, Ival Rocca (h.).
Para pensar, uno de los fundamentos del proyecto indica que acota los abusos de los locadores que, según la constatación histórica, son la parte prevaleciente, la parte fuerte en la negociación, con el poder de imponer unilateralmente las condiciones que la parte débil del contrato sólo puede aceptar o rechazar, no pudiendo prácticamente discutirlas ¿Prejuicio? ¿Discriminación?
Finalmente, Walenten concluyó: "La oferta de alquileres de unidades para vivienda aumentó 45% entre 2008 y 2011 por la participación del inversor en el mercado inmobiliario. Si este proyecto, para el que no fuimos consultados, se hace ley, generaría la retracción total y absoluta de oferta. Definitivamente, es un mamarracho legislativo y jurídico. Esperamos que reine la cordura de los legisladores para que no se trate bajo ningún concepto sobre tablas".
600
Son los corredores inmobiliarios matriculados en la Capital Federal; en la provincia de Buenos Aires llegan a 10.000, mientras que en el país suman 40.000.