Código Civil: piden que se limiten los countries y se regulen las villas
Ayer la vivienda fue el eje del debate. También hubo críticas de los los pueblos originarios: dicen que la reforma no respeta su opinión.
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29/08/12
En Argentina, 11,9 por ciento de la población vive en viviendas precarias. En diez años, la población en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, creció 50 por ciento. En apenas una semana, el plan de viviendas lanzado por el Gobierno nacional recibió 1,6 millones de consultas, pero el cupo para este año será de 100 mil. Son apenas algunos datos que muestran porqué tierra, propiedad y vivienda se están convirtiendo en uno de los ejes centrales en torno al debate por el nuevo Código Civil.
“No hay instrumentos que regularicen la propiedad en los sectores más vulnerables. Hay un millón y medio de familias que viven informalmente”, se quejó María Bercovich, representante de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, frente a los legisladores que integran la comisión bicameral que deberá analizar el proyecto de reforma que envió el Ejecutivo. Fue durante la ronda de audiencias públicas en las que representantes de ONG’s y asociaciones dejan planteadas quejas y sugerencias. Eso dentro de los diez minutos que cada uno tiene para hablar y a pesar de que Ricardo Lorenzetti, titular de la Corte Suprema e ideólogo de la reforma, dejó en claro que se la debe entender como un “sistema” en el que un cambio podría desajustar el resto de los artículos.
Como ya había ocurrido la semana pasada cuando el titular del bloque oficialista, Agustín Rossi, deslizó la posibilidad de que el nuevo Código incluya la apertura de barrios cerrados, el tema de los countries volvió a estar presente ayer. “Parte de la solución del problema habitacional se explica por la retención de viviendas desocupadas que no entran al mercado.
El Código no se plantea cómo se recuperan los inmuebles abandonados por sus dueños”, sostuvo Soledad Arenaza, de las Universidades de General Sarmiento y Lanús.
También propuso que a futuro se “condicione el desarrollo de los conjuntos inmobiliarios” y que si el nuevo Código va a incluir un marco legal para esos countries o barrios cerrados, también debería hacerlo para las villas y asentamientos. “No hay un sólo párrafo de cómo se regulariza la situación dominial de los sectores populares”, aseguró.
Ayer también fue el turno de los pueblos originarios que rechazan las modificaciones del Código Civil. Si bien el texto incluye el concepto de “propiedad comunitaria”, un viejo reclamo indígena, las comunidades exigen que sea retirado del proyecto porque no respeta su opinión. En un comunicado el Consejo Plurinacional Indígena asegura que, fundamentalmente, el Código no contiene su cosmovisión sobre la tierra y la reduce a una cuestión de mercado.
Pero además, sólo les adjudica la posibilidad de acceder a inmuebles rurales.
“Se dejan afuera los espacios urbanos y periurbanos que en muchos casos son ocupados por grupos indígenas que han sido forzados a migrar a las ciudades”, dice el documento en el que el Consejo reclama además su derecho a ser consultados sobre la legislación que regulará sus tierras.