Asentamientos

El lado salvaje del real estate villero

Villas con ocho décadas de existencia; villas de las crisis posdictaduras; villas fantasma. En una Ciudad con población estable hace más de medio siglo, los leves incrementos de habitantes obedecen, sobre todo, a asentamientos de emergencia que crecen a lo alto y a lo ancho, con precios desorbitados no lejanos a los de barrios de clase media. Causas y consecuencias de las precarias torres de ladrillo descubierto.

Por: Mariano Beldyk
www.ambito.com

Donde no llegan las estadísticas, hay un mundo que vive a las sombras de la Ciudad de Buenos Aires. Un universo de barrios marginales en el que se apilan, en torres de ladrillo descubierto, quienes hace tiempo ya perdieron el sueño del techo propio. Dentro de sus fronteras rige una ley que no es del Estado sino del dinero, un mercado paralelo de alquileres en negro tan salvaje en sus condiciones como susceptible a los vaivenes del peso.

La "Carpa Villera" en medio de la Plaza de la República, junto al Obelisco, fue durante 54 días de permanencia la visibilización de estos barrios fantasma, las tradicionales villas de emergencia y otros que ni siquiera tienen reconocimiento oficial. Su desmedido crecimiento poblacional durante los últimos años es también el síntoma inobjetable del fracaso del Estado a la hora de garantizar el pleno acceso constitucional a una vivienda digna. Además de constituir un paisaje urbano que desentona con la ciudad-modelo promocionada por el Gobierno de la Ciudad o los índices de pobreza belgas que informaba el INDEC hasta febrero pasado. 

"Este fenómeno no es sólo argentino. Y, en buena medida, se entiende por una política excluyente de acceso al suelo. Sólo en los últimos diez años, los precios en la Ciudad crecieron aproximadamente un 280%. Un aumento que la actual gestión ha destacado como un triunfo en numerosas ocasiones", opinó ante Viernes la socióloga María Soledad Arqueros Mejica, miembro del Área de Estudios Urbanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires.

De ahí el alcance del boom inmobiliario que toma forma en esas mansiones de ladrillo descubierto, techos de zinc y laberintos por calles que brotan a lo largo de la geografía porteña. Un mercado inmobiliario en negro para inquilinos en negro, que no por ello resulta menos leonino. 

De acuerdo con los relevamientos de Arqueros cotejados por Viernes con delegados de distintos asentamientos, el alquiler de una habitación de 2 por 4 metros con baño y cocina compartidos ronda los 800 a 1.000 pesos mensuales, un tercio de un salario mínimo, vital y móvil. Por supuesto, sólo en el menor de los casos, sus inquilinos cuentan con un sueldo en blanco. Y el precio puede variar, incluso superar este promedio, dependiendo de la villa, su desarrollo y ubicación y hasta el lugar a rentar dentro del mapa del asentamiento. En otras palabras, no es lo mismo alquilar en los codiciados terrenos de la Villa 31-31bis de Retiro que en un segundo o tercer piso de ladrillo desnudo en un asentamiento del sur de la Ciudad. 

Llama la atención, no obstante, que los precios no difieren tanto de los publicados para propiedades legales en las mismas zonas con las obvias ventajas edilicias. Por caso, el alquiler de un monoambiente de 46 metros cuadrados en Barracas sobre la avenida Montes de Oca ronda los 1.800 pesos y otro de similares características en Parque Patricios sobre la calle Pedro Echagüe o la avenida Juan de Garay puede conseguirse por 2.000 a 2.200 pesos. ¿Por qué entonces elegir la villa? Se trata más bien de la falta de opciones.

"A mi criterio existen dos factores claves en el crecimiento del déficit habitacional. Uno es la brecha entre los ingresos de la población y los precios de venta y alquiler de viviendas. El otro, el conjunto de requisitos para acceder a una vivienda en alquiler, demostración de ingresos en blanco, meses por adelantado en calidad de garantía, comisiones inmobiliarias y la presentación de uno o dos garantes propietarios en la Ciudad", especificó Arqueros.

Del otro lado, el mercado de las villas no requiere adelantos económicos ni garantes, condiciones que marginan a gran parte de los inquilinos irregulares, más allá de su nivel de ingresos. Pero tampoco hay contrato que los ampare y las condiciones de alquiler los dejan en situación de completa vulnerabilidad. 

Cualquier coletazo inflacionario conlleva a una indexación de los alquileres irregulares de un modo casi instantáneo, como sucedió a comienzos de año. Lo mismo sucede si la zona se valoriza por nueva infraestructura. Por lo que a nadie sorprende ya que, cada tres o cuatro meses, los inquilinos tengan que afrontar alguna nueva suba de la cuota para no quedar en la calle.

En ese contexto, apuntan en el Gobierno de la Ciudad, toda mejora en el barrio es un búmeran para los inquilinos: "Colocamos cloacas, ponemos luces y, en el ínterin, los propietarios suben el precio de los alquileres en negro y se fomenta el mercado paralelo", se quejó ante el llamado de este diario Marina Klemensiewicz, secretaria de Hábitat e Inclusión de la administración local. La iluminación de la Villa 31 y 31bis de Retiro es, a su entender, un caso testigo.

Los censos revelan que la población porteña se mantiene relativamente estable desde 1940, en torno a los 2,3 y 2,6 millones de habitantes. Un análisis comparativo de los últimos dos muestreos correspondientes a 2001 y 2010 prueba que sólo 100 mil vecinos se sumaron a la Ciudad en una década. Sin embargo, el 53% de esos nuevos residentes incrementaron las poblaciones villeras.

Para muchos es la última opción habitacional. Hasta que la plata tampoco alcanza ya para mantener ese alquiler irregular. Entonces, la desesperación abre puertas impensadas. 

¿Usurpadores?

María Magdalena es boliviana y jamás imaginó, cuando eligió cortar sus raíces ocho años atrás, que terminaría frente a una tanqueta hidrante y un escuadrón de infantería de la Policía Metropolitana luchando por un pedazo de tierra a miles de kilómetros de distancia. Aún hoy recuerda el cóctel de adrenalina y desesperación que la invadió al escuchar el ultimátum en la voz latosa del jefe policial. 

"Pensé que se nos venían encima. Y, sin embargo, no teníamos para elegir. Si nos sacaban, estábamos en la calle. Para mí la cosa no cambiaba demasiado porque tampoco antes tenía un lugar. No puedo seguir pagando el alquiler que me piden", le contó a Viernes, tiempo después, instalada en la carpa que la Corriente Villera montó en el corazón del Microcentro. 

¿No temía la posibilidad de un choque con la Policía? Por supuesto que sí. Todavía se percibe el tono trémulo en su anécdota. Pero cuando hay poco que perder, las prioridades cambian. Y el empujón, las sacudidas, quizás incluso el martillazo seco de un perdigón de goma se vuelve, para muchos, un precio a considerar antes que la nada. Lo fue, al menos, para Magdalena, con dos hijos a cargo que poco entendían de títulos y alquileres indexados. 

El 24 de febrero último, un grupo de vecinos ocupó el predio lindante con la Villa 20 donde solía funcionar un depósito judicial de la Policía Federal. Hacía tiempo que la Ley 1.770 de la Ciudad ordenaba su descontaminación y, sin embargo, persistía como otro terreno ocioso en el sur. Magdalena no fue del grupo original que saltó los arbustos pero se sumó al día siguiente. Venía de la Villa 1-11-14 del Bajo Flores porque una conocida le había pasado el dato.

La tarde del operativo pudo terminar en masacre. Un grupo de casi 20 legisladores recién asumidos bloqueó el paso de los uniformados y los vecinos parecían dispuestos a todo menos a marcharse. Sólo la racionalidad, y una contraorden a tiempo del juez, abortaron lo irreparable.

Cinco meses después, las familias en el predio rondan el millar. Se loteó el terreno entre sus ocupantes, de acuerdo con la morfología de la contigua Villa 20, con pasillos bosquejados con cintas sobre el suelo de barro. Las carpas de lona y bolsas dieron lugar a las primeras casillas de chapa y madera, igualmente precarias pero un poco más resistentes a la hostilidad del frío y el agua. Y, de los postes de luz perimetrales, se tiraron cables para quebrar la oscuridad de las primeras noches. Con el correr de los días, incluso el predio dejó de ser anónimo: sus nuevos habitantes lo llamaron Papa Francisco.

"No buscamos que nos regalen nada. Estamos dispuestos a pagar. Que nos den el lugar y lo vamos a urbanizar", aclaró Magdalena. A comienzos de abril, un grupo de delegados del barrio llevó a la comisión de Vivienda de la Legislatura porteña un proyecto de urbanización diseñado con ayuda de especialistas de la Facultad de Arquitectura de la UBA. Y otro magistrado, la jueza Elena Liberatori, ordenó al Gobierno de Mauricio Macri que cense a sus pobladores junto al resto de la Villa 20 para incluirlos en la demorada urbanización. Pero en las últimas semanas trascendieron denuncias sobre la presencia de narcos en el predio y su relación con delitos en los alrededores.

"Hemos denunciado a la mafia narco que opera dentro de la Villa 20, y que pretende ampliar su influencia extendiéndose al predio donde hoy habitan las familias del barrio Papa Francisco'", señaló un grupo de legisladores porteños en una nota pública en la que acusaron al Gobierno nacional y al de la Ciudad de preparar el terreno para un nuevo operativo policial. "Como en otras oportunidades, el Estado está promoviendo una verdadera zona liberada. Estas bandas actúan también amenazando a los delegados del barrio que se organizan en torno a la reivindicación del derecho a la vivienda", sellaron Gustavo Vera y Pablo Bergel (Verde Alameda-UNEN), Alejandro Bodart (MST - Nueva Izquierda), Marcelo Ramal (FIT - PO) y Virginia González Gass (PSA-UNEN)

No obstante, el barrio Papa Francisco es sólo uno de los asentamientos precarios con sus pobladores que arriban a Buenos Aires con poco más que ropas y algún dinero mínimo para sobrevivir hasta alcanzar su propio "sueño americano". Además, enfrentan un enemigo extra: el prejuicio. Ser extranjero y vivir en la villa se vuelve sinónimo de estigmatización. Como lo prueba la creación y difusión de una serie de blogs reclamando, por caso, el desalojo del asentamiento de Fraga -también conocido como El Playón de Chacarita- culpándolos por los delitos en la zona.

La versión porteña del "sueño americano" no es para todos. Y, las más de las veces, las villas actúan, al cabo, como trampas habitacionales que engullen a sus supuestos habitantes "temporales" sin dejarles escapatoria.

Desde su génesis en los años 30 y 40, los asentamientos porteños acogieron a inmigrantes rurales y extranjeros a la caza de los espejismos de un proceso acelerado de sustitución de importaciones post crisis de 1929. Por una cuestión práctica, los primeros se levantaron en las cercanías de los distritos fabriles o de los servicios de transporte más económicos que los conectaban, el puerto y el ferrocarril. Retiro es, quizás, el ejemplo por excelencia, tanto de los orígenes como de las contradicciones demográficas contemporáneas. Allí conviven hoy la cara y contracara de la Ciudad de Buenos Aires, con la Villa 31-31bis y el lujoso Puerto Madero como dos extremos socioeconómicos en una misma comuna. 

Ochenta años después, gran parte de las villas históricas persisten en las mismas coordenadas donde se fundaron, aunque ensanchadas. Lo que cambió fue el perfil de su población: ya no son, en su mayoría, aventureros de otras provincias, sino trabajadores urbanos desplazados del mercado laboral formal o imposibilitados ya de cubrir los requisitos legales inmobiliarios. Se mantiene, sin embargo, el arribo de un flujo migratorio extranjero aunque, de acuerdo con un informe de 2007 de la Sindicatura General de la Nación, las principales corrientes ya no vienen del otro lado del Atlántico sino de los países limítrofes.

Acorde al Diagnóstico Socio-Habitacional de la Ciudad de Buenos Aires presentado en 2013 por la Comisión de Vivienda del Consejo Económico y Social, la población villera se fractura hoy en dos mitades bien delineadas: un hemisferio argentino, mayormente porteño aunque también de origen jujeño y formoseño, entre otras provincias; y otro extranjero, con preponderancia de paraguayos, bolivianos y peruanos. Los datos difundidos por la Dirección Nacional de Migraciones a comienzos de año sobre permisos de residencia concedidos en la última década ratifican la nueva tendencia latinoamericana con un perfil etario en el segmento 16-45 años, plena edad productiva.

Entre 2004 y 2013, el 38% de los permisos de residencia concedidos fue para inmigrantes paraguayos, seguido por un 29% de bolivianos y un 15% de peruanos. Entre las tres nacionalidades, totalizaron 640.765 de los 774.128 trámites cursados. Sin embargo, también los colombianos y venezolanos crecieron en el ranking de solicitudes al abrigo de la mayor flexibilidad de requisitos del programa "Patria Grande", instaurado a mediados de la década pasada. 

El cambio generó que, a las condiciones de precariedad en las que sobreviven muchos de estos inmigrantes que no pueden acceder al mercado formal, se sumaran situaciones de discriminación por parte de vecinos de los asentamientos. No son pocos los que los consideran un rostro incómodo en la fisonomía porteña. 

Una ciudad PRO

"Cuando creamos la SECHI (la Secretaría de Hábitat e Inclusión), el objetivo que perseguíamos era anclarnos en el territorio y tener contacto con la comunidad, sin punteros que sólo buscan negociar con los gobiernos de turno. Como el Movimiento Villero", disparó a mansalva Klemensiewicz, al otro lado de la línea, en alusión a los coordinadores de la plataforma social que nuclea a representantes de diversas villas de la Ciudad de Buenos Aires y que, según la funcionaria, tienen su base en Diagonal Norte.

Durante dos meses, entre abril y junio, la Corriente Villera Independiente desarrolló un plan de lucha para instalar en la opinión pública la problemática de la vivienda y los asentamientos. Además de levantar su carpa en el Obelisco, marcharon junto con organizaciones sociales como el Frente Popular Darío Santillán hacia la sede del Gobierno porteño para exigir el cumplimiento de las leyes de urbanización demoradas.

Buenos Aires no es ajena a un proceso de "gentrificación" de las grandes urbes latinoamericanas durante las últimas décadas, que conlleva un cambio de matriz sin anestesia, una transmutación planificada y ejecutada por los gobiernos para remover los vestigios de las viejas ciudades obreras de mitad del siglo pasado y cincelar las grandes metrópolis contemporáneas. En el camino, lo que se produce es el desplazamiento de las poblaciones históricas de los barrios más deteriorados y su reemplazo paulatino por otros sectores de mayor poder adquisitivo.

Al otro lado de la ecuación, se extiende el sur. Son precisamente las comunas 8 y 4 -que comprenden los barrios de Villa Lugano, Soldati, Riachuelo, Barracas, Nueva Pompeya, La Boca y Parque Patricios- las que concentran el grueso de la población de asentamientos y las que menores índices de desarrollo registran, pese a los últimos intentos del Gobierno de la Ciudad por revertir parte de las falencias tradicionales como la conectividad con el resto de la Ciudad, a través del diseño del corredor Sur del sistema de carriles exclusivos Metrobús.

La Comuna 8 reúne el 32,9% de la población villera de la Ciudad, el mayor número. Allí sobreviven desde asentamientos históricos como la Villa 20 con su ahora barrio Papa Francisco, hasta otros más recientes como Los Piletones. Es la comuna con el mayor porcentaje de informalidad laboral, con el 36,6% de los trabajadores asalariados en negro y un ingreso medio de su población de un 34,5% inferior a la media de la Ciudad (3.175 pesos en la comuna, frente a los 4.842 pesos en la Ciudad).

Por su parte, la Comuna 4 alberga la segunda población villera más grande de la Ciudad (22%) y al asentamiento más extenso, el 21-24, con una superficie de 70 hectáreas, además de otros núcleos precarios históricos, como la Villa 26, y algunos aún huérfanos de ley de urbanización. Sus pobladores se encuentren entre los de mayor porcentaje de necesidades básicas insatisfechas (12,6%) y uno de cada cinco de sus habitantes tiene dificultades para encontrar trabajo, la mayor cantidad de trabajadores en esta condición de la Ciudad y un 50% por encima del promedio porteño. Además, los asalariados de la comuna cobran un salario medio de 3.292 pesos, un 32% menos que la media, y el 41% de sus habitantes no cuenta con ingresos suficientes para acceder a una Canasta Total, casi el doble del promedio de la Ciudad. 

La desesperación que lleva a algunos de los habitantes de las villas a lanzarse en las condiciones más precarias a ocupar un terreno, aún contaminado como el de Lugano, tiene una explicación racional: para quienes hoy acceden a un terreno propio, no sólo constituye un techo propio para subsistir sino que, en un futuro, puede incluso representar un canal de ingresos a través de un eventual alquiler. 

De ahí que el crecimiento de las villas sea vertical y ya haya alcanzado los cinco pisos de altura en algunos casos. Los llamados "propietarios" no son otros que los moradores que primero llegaron al lote y, tiempo después y reactivación económica mediante, se hicieron de ahorros suficientes para invertir y construir y ganar una renta mensual extra. En el camino, cobra vida el mercado inmobiliario informal y las condiciones de precariedad se reproducen una vez más con el viejo inquilino devenido ahora en propietario.

Para Klemensiewicz y el PRO, el único camino posible es regularizar el mercado paralelo con títulos de propiedad. "La regularización dominial implica pagar servicios, implica que no puedo hacer libremente una pieza arriba porque viene una tía de Paraguay para hacerse un tratamiento médico y la tengo que alojar. Implica, en definitiva, que no se pueden hacer ampliaciones sin control del Estado, que luego se prestan al uso inmobiliario", sostuvo la funcionaria ante Viernes.

Muchos, sin embargo, acusan al Gobierno de Macri de abordar la cuestión "sólo como una cuestión de propiedad y mercado", como Arqueros. Señalan a la administración PRO por fragmentar el universo de instituciones estatales a cargo del área y desfinanciar al sector, mientras otras áreas crecen de modo desproporcional.

En noviembre pasado, en pleno debate presupuestario, un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia sobre los fondos para 2014, denunció que los 1.274 millones de pesos reservados para este año eran un 19% menor a los disponibles en 2013. En paralelo, constituían el 2,1% de la torta total de 59.501 millones de pesos, el Presupuesto más alto de la historia de la Ciudad. 

@MiBeldyk



Las villas que no existen



Aunque todos las conocen de nombre, hay villas de emergencia que no figuran en la agenda del Estado, como la Rodrigo Bueno o El Playón de Chacarita. Si bien algunas rondan ya los 30 años de vida y los cinco niveles de altura, siguen sin reconocimiento oficial. Eso las priva de su consiguiente ley de urbanización.

Durante la última dictadura militar, las villas también fueron desaparecidas. Con el fin de erradicarlas, los dictadores identificaron con números cada uno de los asentamientos ilegales en el mapa porteño. Un lustro más tarde, 17 de ellos ya habían sido desmantelados y la población en las villas miseria se redujo en un 82%. Un número engañoso. Se trató de meros desplazamientos, no de soluciones habitacionales. 



Sin embargo, la crisis hiperinflacionaria primero en los años de la democracia radical y el lado salvaje de la convertibilidad menemista después, repoblaron las villas. Para 2001, su población ya había trepado nuevamente a 106.940, tres veces la cantidad registrada a inicios de los 80. Y para el censo de 2010 hubo nuevo récord: 163.587 habitantes, aunque los académicos consideran que el número podría ser mucho mayor si se incluyeran las villas "no oficiales" a las 15 reconocidas, incluyendo Cildáñez y Piletones. La Rodrigo Bueno fue la que más creció en esa década, de 350 residentes en 2011 a 1.795 en 2010.



Sin embargo, no hay planes de contingencia para las villas fantasma. Entre 2013 y lo que va de 2014, acorde a un informe de la Secretaría de Hábitat e Inclusión, las partidas se reservaron exclusivamente a los asentamientos oficiales como la Villa 3 Fátima, la 20 de Lugano y Número 6 Cildáñez. Para la responsable del informe, Marina Klemensiewicz, todo se reduce a la falta de dominio sobre los predios federales ocupados. Eso les prohíbe otorgar títulos dominiales, el corazón de la estrategia PRO, hasta tanto el Gobierno nacional les ceda las tierras. 

M.B.